Tema I.6

Normativa de referencia

Este tema no se estudia como una ley única, sino como una materia transversal de modernización democrática. La base constitucional está en los artículos 9.2, 23, 103 y 105 de la Constitución Española: participación ciudadana, acceso a archivos y registros, objetividad administrativa y servicio a los intereses generales.

En España, el Gobierno Abierto se conecta directamente con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en lo relativo a derechos de las personas y participación en procedimientos; y con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por la organización y funcionamiento del sector público.

También debe tenerse presente el Portal de la Transparencia y los Planes de Gobierno Abierto de España. Según el Portal de la Transparencia, el IV Plan de Gobierno Abierto se desarrolló entre 2020 y 2024 y el V Plan de Gobierno Abierto de España está vigente para 2025-2029. Para Agenda 2030, la referencia internacional es la Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Qué significa Gobierno Abierto

El Gobierno Abierto es una forma de entender la actuación pública basada en abrir las instituciones a la ciudadanía. No se limita a publicar datos en internet. Implica que las Administraciones sean más transparentes, escuchen mejor, permitan participar, rindan cuentas y trabajen con integridad.

La idea central es sencilla: una Administración democrática no solo debe actuar conforme a la ley, sino hacerlo de manera comprensible, controlable y participativa. El ciudadano deja de ser un destinatario pasivo de decisiones públicas y pasa a ser una persona con derecho a conocer, proponer, colaborar y evaluar.

Frase de examen: Gobierno Abierto no es solo transparencia; transparencia es una pieza del Gobierno Abierto.

Principios informadores

Los principios más habituales del Gobierno Abierto son transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas e integridad. Algunas clasificaciones añaden innovación pública, apertura de datos, accesibilidad, inclusión y evaluación.

La transparencia permite conocer cómo se organiza una Administración, qué decisiones adopta, cuánto gasta, qué contratos celebra o qué subvenciones concede. Tiene dos manifestaciones: publicidad activa y derecho de acceso. La publicidad activa exige publicar información sin que nadie la pida; el derecho de acceso permite solicitar información pública concreta.

La participación ciudadana busca incorporar conocimiento social a la decisión pública. Puede darse antes de aprobar una norma, durante la ejecución de una política pública o después, al evaluarla. En la práctica administrativa se concreta en consultas previas, audiencias, información pública, consejos consultivos, encuestas, presupuestos participativos o procesos de cocreación.

La colaboración supone que la Administración no trabaja sola. Puede colaborar con otras Administraciones, con ciudadanía organizada, universidades, entidades sociales, empresas o expertos. En Gobierno Abierto se habla a menudo de cocreación: diseñar políticas públicas con los actores afectados desde fases tempranas.

La rendición de cuentas obliga a explicar qué se hizo, por qué se hizo, con qué recursos y con qué resultados. No basta con publicar un plan; hay que medir su ejecución, hacer seguimiento y permitir que pueda evaluarse.

La integridad pública introduce una dimensión ética. Pretende prevenir conflictos de interés, corrupción, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Se conecta con códigos de conducta, buen gobierno, incompatibilidades, control de altos cargos y canales internos de información.

Cuidado en test: si una opción identifica Gobierno Abierto solo con “publicar datos”, se queda corta. La publicación de datos es transparencia; el Gobierno Abierto incluye también participación, colaboración, rendición de cuentas e integridad.

Transparencia y datos abiertos

La transparencia es la puerta de entrada. Para participar con sentido, la ciudadanía necesita información comprensible. Por eso, el Gobierno Abierto insiste en que la información pública debe ser accesible, actualizada, reutilizable y presentada de forma clara.

Los datos abiertos son conjuntos de datos puestos a disposición de cualquier persona en formatos que permitan su reutilización. Sirven para investigación, control ciudadano, periodismo de datos, innovación empresarial y mejora de servicios públicos. No todo dato público puede abrirse: deben respetarse protección de datos, seguridad, confidencialidad y demás límites legales.

Regla mental: transparencia responde a “ver”; participación responde a “intervenir”; rendición de cuentas responde a “explicar resultados”.

Participación ciudadana

La participación tiene distintos niveles. No todo mecanismo participativo da a la ciudadanía capacidad de decidir, pero sí debe permitir escuchar, contrastar y mejorar las decisiones.

La participación pública debe ser inclusiva. Si solo participan quienes tienen más medios, conocimientos o cercanía institucional, el proceso puede sesgarse. Por eso son importantes la accesibilidad, el lenguaje claro, los plazos razonables y la difusión suficiente.

Errores habituales: confundir audiencia e información pública de un procedimiento con cualquier forma de participación política; pensar que toda participación es vinculante; o creer que la participación sustituye a la competencia del órgano que debe resolver.

Planes de Gobierno Abierto

España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa internacional que impulsa compromisos nacionales de apertura institucional. Los Planes de Gobierno Abierto se elaboran mediante procesos participativos y contienen compromisos medibles.

El IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 incluyó compromisos sobre transparencia y rendición de cuentas, participación, integridad pública y sensibilización. El V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029 fue aprobado el 6 de octubre de 2025 y tiene vigencia desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2029. Se estructura en 10 compromisos y 218 iniciativas, orientados a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la participación, establecer sistemas de integridad pública y formar y sensibilizar a la ciudadanía y al personal empleado público.

El V Plan no tiene naturaleza de ley ni crea por sí mismo un derecho de acceso: organiza compromisos de las Administraciones y actuaciones de colaboración con la sociedad civil. El derecho de acceso a la información pública y sus límites se estudian en la Ley 19/2013.

Cuidado en test: un plan de Gobierno Abierto no es una ley ni sustituye a la Ley 19/2013. Ordena compromisos y actuaciones, pero el régimen jurídico del derecho de acceso se estudia en la Ley 19/2013.

Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 mediante la Resolución A/RES/70/1. Fue adoptada por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas y establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas. Los objetivos y las metas son integrados e indivisibles: no forman una lista de compromisos jurídicamente equivalentes a una ley interna.

La Agenda 2030 persigue integrar tres dimensiones del desarrollo sostenible:

1. Dimensión social: pobreza, hambre, salud, educación, igualdad y reducción de desigualdades.
2. Dimensión económica: trabajo decente, crecimiento, innovación, infraestructuras y producción responsable.
3. Dimensión ambiental: agua, energía, clima, océanos, ecosistemas y ciudades sostenibles.

No es una norma administrativa española con artículos directamente aplicables como una ley. Es una agenda internacional de orientación política, planificación y evaluación. En España se articula mediante estrategias, informes de progreso, planes de acción y políticas públicas sectoriales.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

El ODS 16 es especialmente conectado con este tema porque habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Dentro de una oposición administrativa, se relaciona con transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación y lucha contra la corrupción.

Regla mental: los ODS van de necesidades básicas a instituciones y alianzas: pobreza, servicios, igualdad, planeta, economía, instituciones y cooperación.

Relación entre Gobierno Abierto y Agenda 2030

Gobierno Abierto y Agenda 2030 no son lo mismo, pero se refuerzan. El Gobierno Abierto aporta métodos de transparencia, participación y rendición de cuentas. La Agenda 2030 aporta objetivos globales de desarrollo sostenible.

Cuidado en test: los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17; las metas son 169. Es una confusión numérica muy típica.

Resumen de repaso

• Gobierno Abierto significa instituciones transparentes, participativas, colaborativas, responsables e íntegras.
• La transparencia es solo una parte del Gobierno Abierto.
• La publicidad activa publica información sin solicitud; el derecho de acceso permite pedir información pública.
• La participación puede ser información, consulta, deliberación, cocreación o evaluación.
• Los Planes de Gobierno Abierto contienen compromisos medibles y evaluables.
• La Agenda 2030 fue aprobada por Naciones Unidas en 2015 mediante la Resolución A/RES/70/1.
• La Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas.
• El ODS 16 conecta especialmente con transparencia, instituciones sólidas y rendición de cuentas.