Grupo II
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La Administración electrónica en las funciones de información y atención al ciudadano. El teléfono de atención 010. La sede electrónica en el Ayuntamiento de Burgos.
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II.3: estudiar el tema por bloques claros, separando conceptos, órganos, plazos y efectos.
ubicación normativa, órgano competente y dato de examen
Memorización útil
Regla mnemotécnica: Norma -> órgano -> requisito -> efecto. Si el test cambia una pieza, la respuesta suele cambiar.
Normativa de referencia:
🔗 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con
🔗 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con
🔗 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con
🔗 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI): https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/4/con
🔗 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Seguridad (ENS): https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/3/con
🔗 Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza (eIDAS): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
La Administración Electrónica (e-Administración) es el modelo de gestión pública que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la tramitación de los procedimientos administrativos, la prestación de servicios públicos, las relaciones con los ciudadanos y la organización interna de las Administraciones Públicas.
No se trata simplemente de digitalizar los trámites en papel: la administración electrónica implica un cambio profundo en la forma en que la Administración se organiza, tramita los procedimientos y se relaciona con los ciudadanos, basado en principios de eficiencia, transparencia, interoperabilidad y garantía de derechos.
El desarrollo normativo de la administración electrónica en España ha seguido este itinerario:
| Año | Norma | Aportación principal |
|---|---|---|
| 2007 | Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) | Primera norma que reconoció el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración |
| 2010 | RD 3/2010 (ENS) y RD 4/2010 (ENI) | Establecieron los marcos nacionales de seguridad e interoperabilidad para los sistemas de información públicos |
| 2015 | LPACAP (Ley 39/2015) y LRJSP (Ley 40/2015) | Integran la administración electrónica como forma ordinaria y preferente de actuación de las AAPP |
| 2021 | RD 203/2021 | Reglamento de desarrollo de la actuación electrónica del sector público; concreta los instrumentos técnicos y jurídicos |
La LPACAP derogó la Ley 11/2007 e integró sus contenidos, elevando la administración electrónica de derecho opcional a forma ordinaria de actuación. El art. 12 LPACAP establece que las Administraciones deben garantizar la tramitación electrónica de los procedimientos.
La actuación electrónica de las Administraciones Públicas se rige por los siguientes principios:
La sede electrónica es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho público. Es, en términos sencillos, el equivalente electrónico de las oficinas presenciales de la Administración: el punto de acceso a los trámites, registros y servicios electrónicos.
La sede electrónica se caracteriza por:
El portal del ciudadano es el punto de acceso general de la Administración en internet, desde el que se orienta al ciudadano hacia los distintos servicios y sedes electrónicas. La sede electrónica es la dirección concreta donde se tramitan los procedimientos.
En el ámbito local, la Diputación Provincial de Burgos y los ayuntamientos disponen de sus propias sedes electrónicas, y la Diputación presta el servicio de sede electrónica a los municipios de menor dimensión que no pueden gestionarla de forma autónoma.
El Punto de Acceso General (PAGe) es el portal web de la Administración General del Estado que actúa como puerta de entrada única a los servicios electrónicos del Estado. Su dirección es https://administración.gob.es.
Para acceder a los trámites electrónicos y relacionarse con la Administración por medios electrónicos, los ciudadanos deben identificarse de forma segura. Los sistemas de identificación admitidos por la LPACAP y el RD 203/2021 son:
| Sistema | Descripción |
|---|---|
| DNI electrónico (DNIe) | El Documento Nacional de Identidad electrónico, expedido por la Policía Nacional, incorpora un chip que permite la identificación y firma electrónica de forma segura |
| Certificado electrónico reconocido o cualificado | Certificado emitido por un prestador de servicios de confianza cualificado (como la FNMT — Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). El más habitual es el certificado de persona física o el de representante de persona jurídica |
| Cl@ve | Sistema de identificación y firma para la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas, que permite el acceso con distintos niveles de seguridad: Cl@ve PIN (contraseña de un solo uso) y Cl@ve Permanente (usuario y contraseña) |
| Sistemas alternativos | Cada Administración puede admitir otros sistemas que resulten proporcionales a los riesgos del trámite |
La firma electrónica es el mecanismo técnico que permite garantizar la autenticidad del firmante y la integridad del documento firmado. Su régimen jurídico está regulado por el Reglamento europeo eIDAS (Reglamento UE 910/2014).
Tipos de firma electrónica:
| Tipo | Descripción | Nivel de seguridad |
|---|---|---|
| Firma electrónica simple | Datos en formato electrónico que acompañan o se asocian a otros datos y son utilizados por el firmante para firmar | Bajo |
| Firma electrónica avanzada | Vinculada al firmante de manera única, creada con datos que el firmante puede usar con un alto nivel de confianza y detecta cualquier cambio posterior en los datos | Medio |
| Firma electrónica cualificada | Firma avanzada basada en un certificado cualificado y creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firma. Tiene el mismo efecto jurídico que la firma manuscrita | Alto / equivalente a firma manuscrita |
En el ámbito de las Administraciones Públicas:
Las Administraciones Públicas se identifican mediante los siguientes sistemas:
La LPACAP establece que las Administraciones Públicas tramitarán electrónicamente los procedimientos administrativos. Esto significa que, con carácter general, los documentos que se producen en el seno de un procedimiento deben ser documentos electrónicos, y las actuaciones internas de la Administración deben realizarse por medios electrónicos.
El art. 41 LPACAP obliga a las Administraciones a garantizar que los interesados puedan relacionarse con ellas por medios electrónicos. Además, el art. 14 LPACAP establece que determinados colectivos (personas jurídicas, profesionales colegiados, empleados públicos) están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración.
El procedimiento administrativo puede iniciarse por medios electrónicos a través de:
La presentación electrónica genera automáticamente un recibo electrónico con el número de registro de entrada, la fecha, la hora y la identificación del documento presentado, que sirve como prueba de la presentación.
Durante la fase de instrucción, la gestión electrónica permite:
Acceso al expediente por el interesado. El interesado puede consultar en cualquier momento el estado de tramitación de su expediente accediendo a la sede electrónica con sus credenciales (art. 53 LPACAP). Esta consulta puede realizarse de forma automatizada, sin necesidad de personarse en la oficina.
Comunicaciones internas entre unidades. Los traslados de expedientes, las solicitudes de informes y las comunicaciones entre unidades se realizan por medios electrónicos internos, sin necesidad de imprimir ni enviar documentos físicos.
Emisión electrónica de informes. Los informes técnicos y jurídicos se incorporan al expediente electrónico mediante firma electrónica del funcionario informante, quedando vinculados al expediente con plena eficacia.
Trámite de audiencia electrónico. La LPACAP permite que el trámite de audiencia al interesado se realice mediante el acceso del interesado al expediente electrónico en la sede electrónica, evitando la necesidad de enviar copia papel del expediente.
Actuación automatizada. La LRJSP (art. 41) y el RD 203/2021 reconocen la posibilidad de que determinados actos de trámite o incluso resoluciones sean adoptados de forma automatizada, sin intervención directa de un empleado público, cuando el procedimiento pueda resolverse mediante la aplicación de reglas predeterminadas. Estos actos deben estar previstos normativamente y contar con la identificación del órgano responsable.
La resolución que pone fin al procedimiento se dicta en formato electrónico, firmada electrónicamente por el órgano competente o mediante sello electrónico. Debe contener los mismos elementos que cualquier resolución administrativa: hechos, fundamentos de derecho, parte dispositiva, información sobre recursos y firma.
La resolución electrónica es plenamente válida y ejecutiva desde su firma. Su notificación al interesado se realiza preferentemente por medios electrónicos (vid. apartado de notificaciones electrónicas).
Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General interoperable con los registros de las demás Administraciones, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR). El registro electrónico está disponible las 24 horas los 365 días del año.
Los documentos presentados en días u horas inhábiles se entienden presentados el primer día hábil hábil siguiente, a las 0:00 horas, salvo que la norma reguladora del procedimiento establezca lo contrario.
El documento electrónico es cualquier información generada, enviada, recibida o almacenada por medios electrónicos que constituye el soporte de una actuación administrativa. Para tener plena validez, debe contar con:
La LPACAP regula la expedición de copias auténticas de documentos electrónicos y de documentos en papel:
El expediente electrónico es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones de un procedimiento en soporte electrónico, con un índice electrónico firmado que garantiza su integridad (art. 70 LPACAP).
Requisitos del expediente electrónico:
La LPACAP establece que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 41 LPACAP).
Los sistemas de notificación electrónica son:
A) Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú). La DEHú es el sistema de notificación electrónica de la Administración General del Estado, accesible en https://dehu.redsara.es. Es el medio de notificación electrónica de referencia para las personas obligadas a relacionarse electrónicamente y para quienes opten voluntariamente por este sistema.
Funcionamiento:
B) Comparecencia en sede electrónica. El interesado puede acceder directamente a la notificación en la sede electrónica de la Administración, identificándose con sus credenciales. El momento de acceso equivale al de la notificación.
El envío de avisos al interesado informándole de que tiene una notificación pendiente es una obligación de la Administración (art. 41.6 LPACAP), pero el aviso no sustituye a la notificación: el cómputo de los 10 días se inicia desde que la notificación está disponible en el sistema, con independencia de que el aviso haya llegado o no al interesado.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), aprobado por Real Decreto 4/2010, establece los principios y criterios que deben seguir las Administraciones Públicas para garantizar la interoperabilidad de sus sistemas: es decir, la capacidad de los sistemas de diferentes Administraciones para intercambiar información y trabajar conjuntamente de forma efectiva.
El ENI regula aspectos como:
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobado por Real Decreto 3/2010 y actualizado por el Real Decreto 311/2022, establece la política de seguridad que deben aplicar las Administraciones Públicas en la utilización de los medios electrónicos para garantizar la seguridad de la información.
El ENS clasifica los sistemas de información por categorías (básica, media, alta) en función del impacto que tendría un fallo de seguridad, y establece las medidas de seguridad exigibles para cada categoría.
El SIR es la infraestructura básica que posibilita el intercambio de asientos registrales entre las distintas Administraciones Públicas, de forma que los documentos presentados en el registro de una Administración puedan ser trasladados electrónicamente al registro de la Administración destinataria.
El SIR permite materializar el principio de ventanilla única: el ciudadano presenta en el registro más cercano y la Administración encamina el documento a su destino sin intervención del interesado.
La Plataforma de Intermediación de Datos es la infraestructura del Ministerio de Hacienda que permite a las Administraciones Públicas consultar de forma automatizada los datos que obran en poder de otras Administraciones, sin necesidad de que el ciudadano los aporte en papel.
Esta plataforma es la que hace posible el principio de «no aportación de documentos que ya obran en poder de la Administración» recogido en el art. 28 LPACAP: si la Administración puede obtener el dato directamente a través de la Plataforma de Intermediación (por ejemplo, el certificado de empadronamiento, el número de la Seguridad Social, la declaración de la renta), el ciudadano no está obligado a aportarlo.
Cl@ve es la plataforma común del Estado para la identificación, autenticación y firma electrónica de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Permite el acceso a los servicios electrónicos de las Administraciones adheridas mediante dos modalidades:
Cl@ve es el sistema de acceso de referencia para los ciudadanos que no disponen de DNI electrónico o certificado digital de la FNMT.
| Plataforma | Función |
|---|---|
| ORVE (Oficina de Registro Virtual de Entidades) | Digitalización de documentos en el registro presencial para incorporarlos al SIR |
| ARCHIVE | Repositorio para el archivo electrónico de documentos y expedientes de la AGE |
| Notific@ | Plataforma de gestión de notificaciones electrónicas de la AGE |
| FIRe | Plataforma de firma electrónica en la nube del sector público |
| Inside | Sistema de gestión del expediente electrónico de la AGE |
| Carpeta Ciudadana | Portal personal del ciudadano para acceder a sus expedientes, notificaciones y datos en poder de la AGE |
Las Entidades Locales están plenamente sometidas a las obligaciones de la administración electrónica establecidas en la LPACAP y la LRJSP. Deben disponer, entre otros:
La LRBRL y la LPACAP reconocen a las Diputaciones Provinciales un papel central en el apoyo a los municipios de menor dimensión para el cumplimiento de las obligaciones de administración electrónica, en el marco de la asistencia y cooperación técnica que deben prestar a los municipios de su provincia.
La Diputación Provincial puede prestar a los ayuntamientos:
En la práctica, la mayoría de los municipios pequeños de la provincia de Burgos tramitan sus procedimientos a través de las infraestructuras electrónicas que pone a su disposición la Diputación Provincial de Burgos.
A pesar del avance normativo, la administración electrónica local afronta varios retos:
Fin del Tema 34 — Administrativo C1 | Preparación OEP 2026