Tema I.1

Normativa de referencia

Este tema se estudia sobre la Constitución Española de 1978, texto consolidado del Boletín Oficial del Estado (BOE): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229.

También conviene tener presentes la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, para entender el control de constitucionalidad y el recurso de amparo, y la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, para la suspensión de derechos.

La Constitución como norma suprema

La Constitución Española de 1978 es la norma superior del ordenamiento jurídico. No es solo un texto político: vincula a los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Esta idea aparece en el artículo 9.1: la ciudadanía y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Que sea norma suprema significa tres cosas muy importantes para examen:

1. Ninguna ley ni reglamento puede contradecirla.
2. Los poderes públicos deben actuar conforme a sus reglas.
3. Los derechos y principios constitucionales condicionan la interpretación de todo el Derecho.

La Constitución organiza el Estado, reconoce derechos, establece garantías, reparte funciones entre instituciones y fija cómo se puede reformar el propio texto constitucional. Por eso se dice que tiene una parte dogmática y una parte orgánica.

Frase de examen: La Constitución es fuente directa del Derecho y límite para todos los poderes públicos.

Características de la Constitución de 1978

La Constitución española suele describirse con varias notas clásicas:

La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Entró en vigor ese mismo día.

Estructura de la Constitución

La estructura es una de las zonas más preguntables. Hay que dominar tanto los bloques como los artículos de inicio y fin.

Además, contiene cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final.

Regla mental: Preliminar = bases; I = derechos; II a IX = instituciones y organización; X = reforma.

El Preámbulo ayuda a entender los fines políticos del texto, pero no contiene artículos ni se maneja como una parte numerada de la Constitución. En test conviene recordar esta diferencia: puede orientar la interpretación general, pero las preguntas de estructura suelen pedir títulos, artículos y disposiciones.

Principios constitucionales y valores superiores

El artículo 1.1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Esa fórmula concentra tres ideas:

El mismo artículo 1.1 proclama los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico:

1. Libertad.
2. Justicia.
3. Igualdad.
4. Pluralismo político.

Regla mental: LI-JU-I-PLU: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político.

No deben confundirse los valores superiores del artículo 1.1 con los principios jurídicos del artículo 9.3.

El artículo 2 completa las bases constitucionales del Estado autonómico: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El precepto reúne, por tanto, una unidad constitucional que no admite disolución, un derecho a la autonomía reconocido y garantizado, y una exigencia de solidaridad entre las partes. No debe confundirse con los valores superiores del artículo 1.1 ni con la igualdad real que los poderes públicos deben promover conforme al artículo 9.2.

Los artículos 3 a 8 completan los principios del Título preliminar y conviene estudiarlos con su literalidad básica:

No deben mezclarse las funciones del artículo 6, referidas a la participación política de los partidos, con las del artículo 7, centradas en intereses económicos y sociales de sindicatos y asociaciones empresariales. Tampoco debe sustituirse la denominación constitucional de las Fuerzas Armadas por una lista genérica de cuerpos de seguridad: el artículo 8 enumera expresamente sus tres componentes.

Cuidado en test: La Constitución no prohíbe toda retroactividad; garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Derechos y deberes fundamentales

El Título I empieza en el artículo 10 y termina en el 55. Su estructura interna es esencial porque la protección cambia según dónde esté cada derecho.

La sección 1.ª del capítulo II contiene los derechos de protección más intensa. Para no estudiarla como una lista, conviene retener estas reglas especialmente preguntables:

La tabla no sustituye a la lectura de los artículos: sirve para distinguir garantías que suelen confundirse. Por ejemplo, el artículo 17 fija el límite de 72 horas para la detención preventiva, el artículo 18.2 admite el flagrante delito como excepción a la inviolabilidad del domicilio y el artículo 20.2 prohíbe la censura previa. En educación, la gratuidad y obligatoriedad se predican de la enseñanza básica, no de cualquier nivel educativo.

El capítulo I del Título I, dedicado a los españoles y los extranjeros, también contiene reglas básicas que conviene estudiar literalmente. La nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde conforme a la ley, pero ningún español de origen puede ser privado de ella; además, la Constitución permite tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con países que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Los españoles alcanzan la mayoría de edad a los dieciocho años. En cuanto a las personas extranjeras, disfrutan en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley; los derechos del artículo 23 corresponden a los españoles, con la excepción posible del sufragio activo y pasivo en elecciones municipales por reciprocidad. La extradición exige tratado o ley y reciprocidad, excluye los delitos políticos —sin considerar políticos los actos de terrorismo—, y la ley establece los términos del derecho de asilo de ciudadanos de otros países y apátridas.

El artículo 10 abre el Título I con una cláusula interpretativa y de fundamento. Su apartado 1 sitúa la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamentos del orden político y de la paz social. Su apartado 2 ordena interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades constitucionales conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias ratificados por España. Esta regla orienta la interpretación de los derechos, pero no convierte automáticamente cualquier previsión de un tratado en un derecho fundamental constitucional.

La sección 2.ª incluye derechos y deberes como defensa de España, deber tributario, matrimonio, propiedad privada, fundación, trabajo, negociación colectiva y libertad de empresa.

Entre los deberes constitucionales conviene distinguir dos contenidos especialmente preguntables. El artículo 30.1 proclama que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. El mismo artículo reserva a la ley la regulación de las obligaciones militares, la objeción de conciencia y, en su caso, una prestación social sustitutoria; también permite establecer un servicio civil para fines de interés general y regular deberes en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Estas previsiones no son equivalentes. La objeción de conciencia se vincula a las obligaciones militares y puede dar lugar, cuando la ley lo establezca, a una prestación social sustitutoria. En cambio, el servicio civil es una figura distinta, que puede establecerse para fines de interés general. Además, la ley puede regular deberes específicos cuando exista una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública; no se trata de una habilitación limitada a las obligaciones militares.

El artículo 31.1 establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. El sistema tributario debe ser justo y respetar los principios de igualdad y progresividad, sin alcanzar carácter confiscatorio. Además, el artículo 31.2 exige una asignación equitativa de los recursos públicos y criterios de eficiencia y economía en el gasto, mientras que el apartado 3 somete las prestaciones personales o patrimoniales públicas al principio de legalidad.

Los artículos 32 a 38 completan la sección 2.ª y no deben estudiarse como una simple lista. El artículo 32 reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; la ley debe regular las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. El artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero su contenido queda delimitado por la función social y nadie puede ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, con la correspondiente indemnización y conforme a la ley.

El artículo 34 reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, de acuerdo con la ley, y remite a la ley la regulación de las fundaciones. El artículo 35 reconoce el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción mediante el trabajo y a una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo; un estatuto de los trabajadores regulará la materia. El artículo 36 reserva a la ley el régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, y exige que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos.

El artículo 37 garantiza la negociación colectiva laboral entre representantes de trabajadores y empresarios y la fuerza vinculante de los convenios. También reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, aunque la ley puede establecer limitaciones para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Por último, el artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y obliga a los poderes públicos a garantizarla y protegerla, junto con la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Los principios rectores del capítulo III orientan la actuación de los poderes públicos: familia, Seguridad Social, salud, cultura, medio ambiente, vivienda, consumidores, juventud, personas mayores y personas con discapacidad. El artículo 49, reformado en 2024, reconoce que las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y prevé por ley la protección especial necesaria para ese ejercicio. Además, ordena impulsar políticas de plena autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles, fomentar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y atender especialmente las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad. No convierte este precepto en un derecho fundamental de la sección 1.ª: sigue dentro del capítulo III y queda sujeto al régimen de garantías del artículo 53.3.

Garantías de los derechos

El artículo 53 establece distintos niveles de protección.

En el apartado 1, el artículo 53 añade dos garantías que conviene distinguir: los derechos y libertades del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo la ley puede regular su ejercicio, respetando en todo caso su contenido esencial. Esta reserva de ley no permite vaciar el derecho ni autoriza a la Administración a regularlo libremente mediante reglamento.

El apartado 3 establece un régimen distinto para los principios reconocidos en el capítulo III. Estos principios informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen. Por tanto, su valor constitucional es vinculante como orientación y mandato para los poderes públicos, aunque no reciben por sí mismos el procedimiento preferente y sumario ni el recurso de amparo previstos en el apartado 2.

El desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas corresponde a ley orgánica, según el artículo 81. La ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

El Defensor del Pueblo, previsto en el artículo 54, es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I. Supervisa la actividad de la Administración y da cuenta a las Cortes.

Cuidado en test: El artículo 14 no está dentro de la sección 1.ª, pero recibe la protección reforzada del artículo 53.2.

La misma protección del artículo 53.2 alcanza a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. No debe confundirse esta mención expresa con la inclusión del artículo 30 completo dentro de la sección 1.ª: el artículo 30 pertenece a la sección 2.ª del capítulo II.

Suspensión de derechos

El artículo 55 distingue suspensión general e individual.

La suspensión individual del artículo 55.2 puede afectar, para personas determinadas, a los derechos reconocidos en el artículo 17.2 (plazo máximo de la detención preventiva) y en el artículo 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones). La ley orgánica que la regule debe prever la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario; el uso injustificado o abusivo de estas facultades genera responsabilidad penal.

En la suspensión general, el artículo 55.1 enumera los derechos afectados y establece una salvedad: durante el estado de excepción no puede suspenderse el artículo 17.3, relativo a la información de derechos y razones de la detención y a la asistencia letrada. Esta excepción no convierte el estado de alarma en un supuesto de suspensión constitucional.

La lista constitucional debe memorizarse con precisión: pueden suspenderse los derechos de los artículos 17; 18.2 y 18.3; 19; 20.1.a) y 20.1.d), y 20.5; 21; 28.2; y 37.2. En el estado de excepción, sin embargo, queda excluido el artículo 17.3. La suspensión se produce en los términos previstos por la Constitución y tras la declaración del estado de excepción o de sitio, no por la mera existencia de una situación de emergencia.

También es importante distinguir la autoridad que declara cada estado. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un máximo inicial de quince días; para prorrogarlo necesita autorización expresa del Congreso. El estado de excepción lo declara el Gobierno, también mediante decreto, pero después de obtener autorización del Congreso. El estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. Por tanto, la intervención parlamentaria no tiene el mismo alcance en los tres casos.

Conviene separar dos ideas que suelen confundirse: una limitación condiciona o restringe el ejercicio de un derecho dentro del marco constitucional, mientras que una suspensión detiene temporalmente su ejercicio en los términos expresamente previstos. El estado de alarma puede implicar limitaciones de derechos conforme a la Ley Orgánica 4/1981, pero el artículo 55.1 vincula la suspensión general a los estados de excepción y de sitio.

Cuidado en test: El estado de alarma permite limitar o modular derechos en los términos legales, pero el artículo 55 no lo incluye como supuesto de suspensión general.

Repaso final

• La Constitución es norma suprema, escrita, extensa, rígida, normativa y consensuada.
• El artículo 1.1 contiene la fórmula del Estado y los valores superiores.
• El artículo 9.3 contiene principios jurídicos, no derechos fundamentales.
• El Título I se estudia por niveles de protección.
• Artículo 53: garantías. Artículo 55: suspensión.
• Máxima protección: artículo 14 y sección 1.ª del capítulo II.

Idea final: En este tema hay que ubicar rápido cada concepto en su artículo: valores en el 1.1, principios jurídicos en el 9.3, igualdad en el 14, garantías en el 53 y suspensión en el 55.