Tema III.2

Normativa de referencia

La norma central de este tema es la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León (BOE-A-2005-11757), en su texto consolidado vigente consultado el 12/08/2026. Es la ley autonómica que ordena la función pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y completa, dentro de su ámbito, la normativa básica estatal, en especial el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española de 1978.

La idea que debes fijar desde el inicio es simple: esta ley no es un apéndice menor de organización interna, sino la pieza que concreta en Castilla y León cómo se organiza el personal, qué órganos mandan en materia de función pública, cómo se accede, cómo se proveen los puestos, cómo se retribuye, qué situaciones administrativas existen y cómo se corrige el incumplimiento disciplinario.

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Lectura ágil

Este tema concreta el TREBEP en Castilla y León. No lo estudies como una repetición del Estatuto Básico, sino como la norma que dice quién organiza la función pública autonómica y cómo se gestionan puestos, cuerpos, selección, carrera, retribuciones y disciplina.

1. Sistema de fuentes: Constitución, TREBEP y Ley 7/2005.
2. Ámbito: a qué personal se aplica directamente y a quién con especialidades.
3. Órganos: quién dirige, coordina, informa o negocia.
4. Instrumentos: RPT, OEP, cuerpos, escalas y provisión.
5. Garantías: situaciones, incompatibilidades y disciplina.

Memorización útil

Regla mental: fuente básica estatal, desarrollo autonómico y gestión concreta de personal.

Trampa de test: la Ley 7/2005 no sustituye al TREBEP; lo desarrolla en Castilla y León.

Confusión típica: Consejo de la Función Pública y Comisión Regional de la Función Pública no son el mismo órgano.

Frase para fijar: la ley autonómica convierte las bases del empleo público en organización real de Castilla y León.

Encaje constitucional

El punto de partida está en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que reserva al Estado las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. Sobre esa base se apoya la normativa básica estatal y, después, el desarrollo autonómico. En Castilla y León, la Ley 7/2005 cumple precisamente esa función de desarrollo y adaptación.

La consecuencia práctica es importante: en este tema no se estudia una norma aislada, sino un sistema en capas. Primero está la Constitución, después la normativa básica estatal, y finalmente la ley autonómica, que concreta la organización propia de Castilla y León. Cuando una pregunta de examen mezcla una regla básica con una regla autonómica, hay que separar bien qué parte procede del marco común y qué parte es específica de esta Comunidad.

Objeto, ámbito de aplicación y principios

El artículo 1 fija el objeto de la ley: regular la función pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en ejercicio de las competencias autonómicas y en desarrollo de la normativa básica del Estado.

El artículo 2 define su ámbito de aplicación. La ley se proyecta, con carácter general, sobre:

• el personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
• el personal de sus organismos autónomos;
• el personal de las instituciones de la Comunidad, en la medida en que su ley reguladora lo prevea;
• el personal de la Administración Local de Castilla y León, cuando así lo permita la legislación de régimen local;
• y también sobre el personal docente no universitario, universitario y estatutario sanitario en los términos y con las especialidades que marca la propia norma.

Esto significa que el ámbito es amplio, pero no uniforme. La ley autonómica no borra las especialidades del personal docente, universitario o sanitario, ni desplaza la autonomía organizativa local cuando la aplicación es indirecta.

El artículo 3 recoge los principios rectores: sometimiento pleno a la ley y al derecho, igualdad, mérito y capacidad, inamovilidad en la relación de servicio y en el desempeño de las funciones, profesionalización de la carrera administrativa, eficacia, eficiencia, coordinación, cooperación e información entre administraciones y participación y negociación en la determinación de las condiciones de trabajo.

El artículo 4 añade los valores éticos: integridad, ética profesional, neutralidad, imparcialidad, transparencia en la gestión, iniciativa, receptividad, cooperación, responsabilidad y servicio a los ciudadanos. No es un adorno retórico: estos valores sirven para interpretar después las reglas sobre incompatibilidades, disciplina y conducta profesional.

Órganos superiores en materia de función pública

El artículo 5 enumera los órganos superiores competentes en materia de función pública:

1. La Junta de Castilla y León.
2. El Consejero competente en materia de Función Pública.
3. El Consejero competente en materia de política presupuestaria y de gasto público.
4. El Consejo de la Función Pública.
5. La Comisión Regional de la Función Pública.

La lógica del sistema es clara:

La Junta es el centro de decisión política. El artículo 6 le atribuye establecer la política de personal, dirigir su desarrollo y aplicación, aprobar proyectos normativos, relaciones de puestos de trabajo, oferta de empleo público, condiciones generales de ingreso, régimen retributivo, jornada, planes de empleo y medidas de huelga, entre otras competencias.

El artículo 7 concreta las funciones del Consejero competente en materia de Función Pública. Entre las más preguntables están:

• desarrollar, coordinar y controlar la ejecución de la política de personal;
• elaborar proyectos normativos de general aplicación;
• ejercer la inspección general sobre el personal;
• impulsar formación y promoción;
• informar y someter a aprobación las RPT;
• convocar y resolver concursos de provisión;
• elaborar la oferta de empleo público;
• convocar pruebas selectivas;
• nombrar a quienes superan el proceso;
• resolver incompatibilidades;
• intervenir en convenios colectivos y mesas de negociación;
• reconocer situaciones administrativas;
• autorizar comisiones de servicio entre consejerías y organismos autónomos.

El artículo 10 atribuye al Consejero competente en materia de política presupuestaria y de gasto público las directrices sobre gasto de personal e información de medidas con incidencia económica.

El artículo 11 regula el Consejo de la Función Pública como órgano superior colegiado de relación con el personal. Su función es de coordinación, consulta, asesoramiento y participación. Su composición mezcla altos cargos, órganos técnicos y representantes del personal. La Comisión Regional de la Función Pública, en el artículo 12, se centra en la coordinación entre la Administración autonómica y la local.

Clases de personal

El artículo 13 clasifica al personal al servicio de la Administración de Castilla y León en cuatro grandes grupos:

• personal funcionario;
• personal interino;
• personal eventual;
• personal laboral.

El personal estatutario sanitario queda citado aparte por su normativa específica. Esto conviene recordarlo porque la ley autonómica no pretende absorber por igual todos los vínculos jurídicos, sino ordenar el personal incluido en su ámbito y respetar los regímenes especiales.

Personal funcionario

El artículo 14 define al personal funcionario como quien, en virtud de nombramiento legal, queda vinculado por una relación estatutaria de carácter permanente, regulada por el Derecho administrativo, para la prestación de servicios profesionales retribuidos.

La misma ley fija una regla muy útil para examen: con carácter general, los puestos de la Administración de Castilla y León deben ser desempeñados por funcionarios. Solo se exceptúan y pueden ocuparlos laborales algunos puestos muy concretos, como los de oficios, vigilancia, custodia, porteo, determinadas áreas instrumentales o actividades técnicas especializadas.

Además, el artículo 14.3 reserva al personal funcionario los puestos que impliquen ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal, control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad y tesorería, y cualesquiera otros que supongan ejercicio de función pública.

Personal interino

El artículo 15 regula el personal interino. En la ley autonómica, su nombramiento exige razones de urgente necesidad expresamente justificadas y tiene un plazo máximo de dos años. Se utiliza para ocupar provisionalmente puestos vacantes adscritos a funcionarios o para cubrir vacantes temporales producidas cuando el titular conserva reserva de plaza.

La selección debe respetar publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Además, la ley es tajante en dos puntos:

• el interino cesa automáticamente cuando desaparece la causa, cuando se cubre el puesto, cuando vuelve el titular o cuando transcurre el plazo máximo;
• su prestación de servicios no cuenta como mérito especial para acceder a la condición de funcionario ni para promoción interna.

Personal eventual

El artículo 16 define al personal eventual como el que, con carácter no permanente, realiza funciones en puestos expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial, no reservados a funcionarios o personal laboral.

Sus notas clave son:

• nombramiento y cese libres;
• publicación oficial;
• cese automático al cesar la autoridad que lo nombró;
• no puede convertirse en mérito para acceso o promoción;
• la Junta determina número, características y retribuciones dentro de los créditos presupuestarios.

Personal laboral

El artículo 17 regula el personal laboral. Su vínculo es contractual y se formaliza siempre por escrito. Puede ser fijo o temporal. La ley permite personal laboral fijo para puestos de carácter permanente cuando así consten en la relación de puestos de trabajo, y personal laboral temporal para actividades específicas, ocasionales, urgentes o de carácter periódico o discontinuo.

La regla de fondo es importante: el personal laboral no puede ocupar puestos clasificados exclusivamente para funcionarios o personal eventual. Si eso ocurre, el acto es nulo, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.

Planificación, cuerpos, escalas y oferta de empleo

La planificación de recursos humanos busca una dimensión, distribución y capacitación adecuadas del personal. El artículo 18 fija ese objetivo general.

El artículo 19 permite planes de empleo, referidos a personal funcionario y laboral, para optimizar recursos humanos dentro de los límites presupuestarios. Esos planes pueden incluir modificaciones organizativas, suspensión de incorporaciones externas, reasignación de efectivos, formación, concursos restringidos, promoción interna, prestación a tiempo parcial y necesidades adicionales que luego se integren, en su caso, en la oferta de empleo público.

El artículo 20 establece que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria y no cubiertas por efectivos existentes se incorporarán a una oferta de empleo público de periodicidad anual.

La ley también ordena la estructura de cuerpos y escalas:

Para Administrativo de Castilla y León, esto significa que el estudio no debe quedarse en una definición abstracta de “cuerpo”, sino en la lógica real de la Administración: qué tareas son comunes, cuáles requieren especialidad técnica y qué funciones quedan reservadas a funcionarios.

Selección y provisión de puestos

El acceso al empleo público en esta ley descansa sobre los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y objetividad. El artículo 46 recoge los requisitos generales de acceso y el artículo 47 regula los órganos de selección.

Entre las claves de examen:

• la selección debe respetar los principios constitucionales;
• los órganos de selección han de garantizar especialización, agilidad y objetividad;
• sus miembros deben pertenecer a cuerpos o escalas de igual o superior titulación a la exigida;
• no pueden aprobar un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

En materia de provisión, la ley distingue entre provisión definitiva y temporal. El artículo 24 regula la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, que deben elaborarse por las consejerías y someterse al procedimiento reglamentario con informe de función pública y presupuesto.

El artículo 56 regula la adscripción provisional y la comisión de servicios:

La comisión de servicios mantiene el vínculo del funcionario con su puesto de origen y le permite percibir las retribuciones del puesto realmente desempeñado.

Derechos, permisos, retribuciones y conciliación

La ley autonómica no se limita a organizar órganos y puestos; también protege derechos funcionales. El artículo 61 recoge permisos por conciliación y por violencia de género. Entre los más preguntables está el permiso por lactancia, con una hora de ausencia al trabajo que puede dividirse en dos fracciones o sustituirse por reducción de jornada, así como los permisos vinculados a exámenes prenatales, hospitalización del neonato, guarda legal y cuidado de familiares.

En retribuciones, el artículo 75 fija principios de suficiencia, homologación razonable con otras administraciones y adecuación al contenido y responsabilidad del puesto. El artículo 76 distingue:

• retribuciones básicas: sueldo, trienios y pagas extraordinarias;
• retribuciones complementarias, que se vinculan al puesto, al rendimiento y a otros factores legalmente previstos.

Un detalle útil: el artículo 76.2.b mantiene la lógica de los trienios como cantidad fija por cada tres años de servicio y permite conservarlos cuando el funcionario se mueve entre grupos.

Incompatibilidades, responsabilidad y régimen disciplinario

El artículo 73 declara incompatible el desempeño de la función pública con cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que impida o menoscabe el exacto cumplimiento de los deberes del funcionario, comprometa su imparcialidad o independencia o perjudique los intereses generales. La ley remite además a la normativa básica estatal de incompatibilidades.

El artículo 74 afirma que los funcionarios responden del correcto desarrollo y ejecución de las funciones encomendadas, y que la responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa correspondiente.

El régimen disciplinario del capítulo VI clasifica las faltas en muy graves, graves y leves. La ley recoge, entre otras, la falta muy grave por incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, la discriminación, el abandono de servicio, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales o el incumplimiento de incompatibilidades.

La sanción de separación del servicio solo cabe por faltas muy graves. El procedimiento disciplinario debe respetar legalidad, irretroactividad, tipicidad, contradicción, audiencia, presunción de inocencia y proporcionalidad. Además, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento es de doce meses, y las faltas y sanciones prescriben con los plazos legales específicos.

Situaciones administrativas

El artículo 88 enumera las situaciones administrativas de los funcionarios:

• servicio activo;
• servicios especiales;
• excedencia voluntaria;
• excedencia por cuidado de familiares;
• excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria;
• expectativa de destino;
• excedencia voluntaria incentivada;
• excedencia forzosa;
• servicios en otras Administraciones Públicas;
• suspensión.

La situación de servicio activo, regulada en el artículo 89, incluye a quienes ocupan un puesto con carácter definitivo o temporal y también a quienes se encuentran en reserva de puesto o en ciertos supuestos de permisos y licencias. El reingreso puede producirse por concurso, libre designación o adscripción provisional, según el caso.

Negociación colectiva y participación

La ley da bastante peso a la negociación y la participación. Los principios del artículo 3 ya incluyen la participación y negociación como criterio informador. Después, en el reparto orgánico, el Consejo de la Función Pública actúa como órgano de relación, y el Consejero competente en materia de Función Pública interviene en convenios colectivos y mesas de negociación, fijando criterios básicos para garantizar homogeneidad y concordancia de los acuerdos.

La idea que debes retener es que la función pública autonómica no se construye solo con mando jerárquico; también se articula con órganos consultivos y con negociación colectiva cuando corresponde.

Errores habituales

• Confundir el ámbito autonómico con una norma estatal genérica y no distinguir qué parte es propia de Castilla y León.
• Pensar que todos los puestos pueden ser ocupados por personal laboral si la Administración lo decide.
• Mezclar personal interino y eventual como si fueran equivalentes.
• Olvidar que la ley autonómica fija un plazo máximo de dos años para el interino.
• Creer que la prestación como interino o eventual sirve como mérito especial para acceder o promocionar.
• Confundir las funciones de la Junta, del Consejero de Función Pública y del Consejo de la Función Pública.

Repaso final

• La Ley 7/2005 concreta en Castilla y León el régimen de la función pública autonómica.
• Sus principios: legalidad, igualdad, mérito, capacidad, eficacia, eficiencia, coordinación, cooperación, participación y negociación.
• Sus órganos superiores: Junta, Consejero de Función Pública, Consejero de presupuesto, Consejo de la Función Pública y Comisión Regional.
• Sus clases de personal: funcionario, interino, eventual y laboral.
• El personal funcionario ocupa con carácter general los puestos de la Administración y reserva funciones de autoridad, fe pública, asesoramiento legal y control.
• El interino se usa por urgente necesidad y cesa cuando desaparece la causa o transcurre el plazo máximo.
• El eventual realiza confianza o asesoramiento especial y cesa con la autoridad que lo nombró.
• El laboral se rige por contrato escrito y solo puede ocupar puestos que la ley permita.
• La planificación, la oferta de empleo, la RPT y la selección ordenan el acceso y la movilidad.
• Las retribuciones, las incompatibilidades, la disciplina y las situaciones administrativas cierran el sistema.