Bloque II
Revisa tus subrayados. Algunos no se han podido localizar en el texto actual.
Los contratos del Sector Público: Tipología contractual. Las partes en el contrato. Órganos competentes en materia de contratación en la Administración de Castilla y León.
Consulta rápida
Lectura ágil
Identificar tipo contractual, partes, expediente y órgano competente en Castilla y León.
objeto, pliegos, órgano de contratación y ejecución
Memorización útil
Regla mnemotécnica: Necesidad → expediente → licitación → adjudicación → ejecución.
Este tema se apoya sobre todo en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, especialmente sus artículos 77 a 79, 88 y 89.
Como marco general conviene tener presentes también la Constitución Española de 1978, en especial los artículos 9.3, 103 y 149.1.18.ª, porque la contratación pública no es una actividad libre de la Administración, sino una actividad sometida a legalidad, control y transparencia.
| Norma | Qué aporta al tema |
|---|---|
| Constitución Española de 1978 | Legalidad, objetividad, control y competencia estatal básica sobre contratación pública |
| Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público | Tipos contractuales, partes, capacidad, expediente, adjudicación y formalización |
| Ley 3/2001, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León | Órganos de contratación de la Comunidad, autorización de la Junta y mesas de contratación |
| Punto de consulta | Dato que debes dominar |
|---|---|
| Norma base | Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. |
| Tipos contractuales | Obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios y mixtos. |
| Partes | Órgano de contratación y contratista. |
| Principios | Publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, integridad y eficiencia. |
| Expediente | Necesidad, objeto, crédito, pliegos, fiscalización y aprobación. |
| Castilla y León | Ley 3/2001: órganos de contratación, autorización de la Junta y mesas. |
La contratación pública sirve para cubrir necesidades públicas mediante contratos, pero con reglas que evitan arbitrariedad y favoritismo. El tema se entiende separando tipo de contrato, sujetos, expediente y órgano competente.
Regla mental: necesidad, expediente, licitación, adjudicación, formalización y ejecución.
Trampa de test: subvención y contrato no son lo mismo; en el contrato hay prestación a cambio de precio.
Confusión típica: órgano de contratación no equivale siempre a mesa de contratación.
Frase para fijar: contratar no es comprar libremente; es seleccionar con garantías al contratista adecuado.
La contratación pública es la forma jurídica por la que las Administraciones y el resto del sector público satisfacen necesidades de obras, suministros y servicios sin actuar como un particular cualquiera. No compran solo para gastar: compran, licitan y adjudican bajo reglas de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y control.
En este tema hay tres ideas que debes separar bien:
Si mezclas esas tres capas, el test se vuelve confuso. Si las separas, el tema queda muy claro.
La Ley 9/2017 parte de una clasificación básica de los contratos del sector público. En el ámbito ordinario de examen interesan sobre todo los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. También conviene entender la figura del contrato mixto.
Es el contrato que tiene por objeto la ejecución de una obra o la realización de trabajos que alteran o crean una obra material. No se limita a levantar edificios: también puede abarcar reconstrucción, reparación, conservación, demolición y trabajos vinculados a una obra que exijan una intervención material sobre un bien inmueble.
Clave de memoria: si lo esencial es construir, reformar, demoler o reparar una obra, estás en el terreno de las obras.
Es parecido al contrato de obras, pero con una diferencia decisiva: la contraprestación del concesionario consiste en el derecho a explotar la obra, o en ese derecho acompañado de un precio. La nota central es la transferencia del riesgo operacional al concesionario.
No basta con ejecutar una obra; hace falta además asumir un riesgo real de explotación.
Aquí lo que se encomienda es la gestión de un servicio cuya prestación es titularidad o competencia de la Administración. La contraprestación vuelve a estar vinculada al derecho de explotar el servicio, con o sin precio añadido, y también aquí debe existir riesgo operacional para el concesionario.
La concesión de servicios no es un simple encargo de medios. El contratista gestiona el servicio y asume el riesgo de explotación.
El suministro tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Es el contrato típico cuando la Administración necesita bienes, equipos o material fungible.
Ejemplos habituales:
Son prestaciones de hacer consistentes en una actividad o en la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. La propia ley excluye de este contrato los servicios que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.
Clave de examen: si el contratista realiza una actividad, pero no construye una obra ni entrega un bien mueble, lo normal es que estemos ante un servicio.
Un contrato mixto contiene prestaciones correspondientes a varios tipos contractuales distintos. La regla no es sumar figuras sin más, sino identificar la prestación principal y aplicar el régimen que corresponda según el contenido predominante o según las reglas específicas de la LCSP.
Esto importa mucho en el examen porque los contratos mixtos suelen confundir cuando combinan obra, suministro y servicios.
| Tipo | Objeto principal | Rasgo decisivo |
|---|---|---|
| Obras | Construir, reparar, conservar o demoler una obra | Intervención material sobre una obra |
| Concesión de obras | Realización de la obra con derecho de explotación | Riesgo operacional para el concesionario |
| Concesión de servicios | Gestión de un servicio público o competencia administrativa | Riesgo operacional para el concesionario |
| Suministro | Bienes muebles, adquisición o arrendamiento | Entrega de productos o bienes muebles |
| Servicios | Prestaciones de hacer | Actividad o resultado distinto de obra o suministro |
| Mixto | Varios objetos contractuales en un solo contrato | Prestación principal y reglas de combinación |
En un contrato público no intervienen solo la Administración y una empresa. Jurídicamente hay varias posiciones que conviene distinguir.
Es el órgano administrativo que tiene atribuida la competencia para celebrar el contrato. Decide iniciar, aprobar, adjudicar y formalizar dentro de los límites de la ley. No es una mesa, ni un servicio técnico, ni una simple unidad administrativa.
El órgano de contratación actúa en nombre de la Administración o entidad pública de que se trate, y su competencia no es libre: viene dada por norma.
Es quien presenta oferta para concurrir al procedimiento de adjudicación. Todavía no es contratista, aunque pueda acabar siéndolo.
Es el licitador cuya oferta ha sido seleccionada por el órgano de contratación conforme a los criterios del pliego y de la ley.
Es el adjudicatario una vez perfeccionado el contrato y asumidas las obligaciones derivadas del mismo. Desde ese momento ya no estamos ante un simple aspirante, sino ante la parte privada del contrato.
La mesa de contratación no es parte del contrato. Es un órgano de asistencia técnica y valoración en el procedimiento de adjudicación. Clasifica ofertas, propone y ayuda al órgano de contratación, pero no sustituye la competencia decisoria de este.
Esta diferencia cae mucho en test: la mesa propone; el órgano de contratación decide.
Para contratar con el sector público no basta con querer hacerlo. La empresa debe tener capacidad de obrar, no estar incursa en prohibiciones de contratar y acreditar, cuando proceda, solvencia económica y financiera, solvencia técnica o profesional, o clasificación.
La capacidad responde a la aptitud jurídica para contratar.
La solvencia acredita que el contratista puede ejecutar el contrato con garantías.
La clasificación funciona como requisito o acreditación en los casos legalmente exigidos.
La LCSP recoge causas que impiden contratar con el sector público. Entre ellas están, por ejemplo, determinadas condenas penales firmes, sanciones graves o incumplimientos muy relevantes en materia tributaria, de Seguridad Social o de integridad contractual.
En examen, la idea importante no es memorizar todos los supuestos de corrido, sino recordar que la Administración no puede contratar con quien la ley declara inhábil para ello.
Los órganos de contratación deben difundir su actividad contractual a través del perfil de contratante. Es una pieza esencial de transparencia, porque concentra información y documentos del contrato y permite acceso público libre, sin identificación previa para la consulta ordinaria.
La Ley 3/2001 adapta la contratación de la Comunidad Autónoma al marco básico estatal. Su artículo 77 afirma que los contratos que celebre la Comunidad Autónoma se rigen por la legislación básica del Estado y por la normativa autonómica de desarrollo.
El artículo 78 es la regla clave del tema: los Consejeros son los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Los contratos se celebran en nombre de la Comunidad, previa tramitación del expediente correspondiente.
Por tanto, si el examen pregunta por el órgano de contratación ordinario de la Administración de la Comunidad, la respuesta es el Consejero competente por razón de la materia.
El artículo 79 añade un segundo nivel de control: en los casos previstos por la Ley de Hacienda de la Comunidad y por la Ley de Presupuestos vigente, la celebración de determinados contratos exige autorización de la Junta de Castilla y León.
Esto no convierte a la Junta en órgano de contratación ordinario de todos los contratos, pero sí le atribuye un control previo en los supuestos legalmente previstos.
La mesa de contratación se compone de:
Entre los vocales deben figurar necesariamente un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y un Interventor. La normativa autonómica permite además sustituir al interventor, en los supuestos que se acuerden, por funcionarios de la Intervención General específicamente habilitados.
La idea de fondo es clara: la mesa no es ornamental. Está diseñada para aportar control técnico, jurídico y económico al procedimiento.
El artículo 88.3 de la Ley 3/2001 establece que la contratación de los organismos autónomos se rige por las normas generales de contratación pública y por lo previsto en esa ley, siendo el Presidente del organismo el órgano de contratación.
Esto es importante porque el tema no se limita a la Administración General: también hay organismos autónomos con su propia capacidad de contratar.
La ley distingue también otros entes del sector público autonómico. Los entes públicos de derecho privado y las empresas públicas tienen un régimen menos intensamente administrativo, pero no quedan fuera del control público ni de la normativa de contratación cuando esta les sea aplicable.
En especial, las empresas públicas se rigen fundamentalmente por el Derecho privado, aunque siguen sometidas a la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación, y no pueden disponer de potestades públicas.
Aunque el tema se centra en tipología, partes y órganos, conviene fijar la secuencia mínima que aparece en los exámenes:
La LCSP exige expediente previo. No se puede contratar de forma improvisada. El órgano de contratación debe motivar la necesidad, definir el objeto, preparar la documentación y dejar constancia de los elementos esenciales para decidir con seguridad jurídica.
La oferta se clasifica conforme a los criterios del pliego. El órgano de contratación adjudica y, una vez completada la documentación exigida, formaliza el contrato. Los contratos administrativos se formalizan normalmente en documento administrativo y la formalización se publica en el perfil de contratante, y en su caso en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La contratación verbal está prohibida con carácter general en el sector público. Solo se admite la excepción legal de emergencia.
| Pregunta rápida | Respuesta corta |
|---|---|
| ¿Qué norma fija la tipología contractual básica? | La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público |
| ¿Cuál es la nota clave de la concesión? | La transferencia del riesgo operacional |
| ¿Qué contrato trata bienes muebles? | El suministro |
| ¿Qué contrato trata prestaciones de hacer? | El de servicios |
| ¿Qué ocurre en un contrato mixto? | Se combinan prestaciones de distinta clase |
| ¿Quién es el órgano de contratación ordinario en la Junta? | El Consejero competente |
| ¿Quién puede exigir autorización previa en ciertos contratos? | La Junta de Castilla y León |
| ¿Quién preside la mesa de contratación autonómica? | Un Presidente designado por el órgano de contratación |
| ¿Qué dos vocales son obligatorios en la mesa? | Un Letrado de los Servicios Jurídicos y un Interventor |
| ¿Quién es el órgano de contratación en un organismo autónomo? | Su Presidente |