Tema V.2

1. Idea general y normativa aplicable

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), articula tres bloques que conviene distinguir desde el principio:

Su fundamento constitucional está, entre otros, en el artículo 105.b CE (acceso a archivos y registros), el artículo 9.2 CE (participación) y el artículo 103.1 CE (servicio objetivo al interés general). La LTAIBG se aplica sin perjuicio de regímenes especiales, como el acceso de una persona interesada a un expediente en curso, la información ambiental o la reutilización de la información del sector público.

Ámbito del tema: V.2 se centra en la LTAIBG. La protección de datos, el RGPD y los derechos digitales son el objeto específico de V.6; aquí solo se estudian como límite y criterio de ponderación del acceso.

2. Sujetos obligados e información pública

2.1. Quién queda sujeto

El Título I de la LTAIBG se aplica plenamente a la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y las entidades locales, incluido el Ayuntamiento de Burgos; también a organismos y entidades de derecho público, sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 %, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por Administraciones y entidades públicas.

Los órganos constitucionales y estatutarios, la Casa de S.M. el Rey, las corporaciones de Derecho público y otras instituciones quedan sujetos respecto de sus actividades sometidas a Derecho administrativo. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y determinadas entidades privadas perceptoras de fondos públicos tienen obligaciones específicas de publicidad activa.

Además, quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, incluidos los adjudicatarios de contratos del sector público, deben suministrar a la Administración a la que estén vinculados la información necesaria para que esta cumpla la ley.

2.2. Qué es información pública

La información pública es cualquier contenido o documento, con independencia de su formato o soporte, que obre en poder de un sujeto obligado y haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones.

Consecuencias prácticas:

1. Puede ser un documento electrónico, papel, registro, base de datos, imagen, audio o cualquier otro soporte.
2. No se exige que esté incorporado a un procedimiento terminado.
3. No se obliga a crear desde cero un informe o una respuesta valorativa inexistente; sí deben localizarse, extraerse o tratarse razonablemente los datos que ya obren en poder del Ayuntamiento.
4. Que un expediente esté en curso no convierte automáticamente todos sus documentos en inaccesibles: habrá que aplicar, en su caso, un límite o una causa de inadmisión concreta.

3. Publicidad activa

3.1. Concepto y principios de publicación

La publicidad activa es la obligación de publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia, sin necesidad de que nadie la solicite. Debe ofrecerse de forma clara, estructurada, comprensible, accesible y, cuando sea posible, en formatos reutilizables.

La publicación no elimina los límites legales: no se deben difundir datos personales, secretos o información protegida por el mero hecho de que la web municipal permita técnicamente hacerlo. La información más frecuentemente solicitada debe quedar disponible, en la medida prevista por la ley, para evitar solicitudes repetitivas.

3.2. Tres categorías del artículo 6 a 8

En Burgos, el portal de transparencia debe permitir localizar, entre otros, la organización municipal, ordenanzas, planes, contratación, convenios, subvenciones, presupuesto y ejecución, patrimonio, urbanismo, empleo público y resultados de los servicios. La concreta obligación puede completarse por normativa autonómica y local, pero nunca debe inventarse un órgano o portal que no esté identificado oficialmente.

3.3. El Portal de Transparencia

El artículo 10 prevé el Portal de Transparencia como punto de acceso a la información de la Administración General del Estado y a la que corresponda publicar o facilitar en ese ámbito. Debe adecuarse a los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Las entidades locales pueden disponer de su propio portal y colaborar con otras Administraciones.

Error típico: publicidad activa y derecho de acceso no son sinónimos. La primera es difusión proactiva; el segundo exige una solicitud individual, aunque la solicitud pueda resolverse indicando un enlace donde ya esté publicada la información.

4. Derecho de acceso: delimitación

4.1. Titularidad y objeto

El derecho corresponde a todas las personas. No se exige nacionalidad, residencia, condición de interesado ni acreditar un interés especial. La solicitud no necesita motivación; la persona puede explicar sus razones, pero la ausencia de motivos no permite rechazarla.

El objeto es la información pública definida en el apartado 2.2. El derecho no equivale a obtener asesoramiento jurídico, a formular preguntas parlamentarias ni a exigir que el Ayuntamiento elabore un estudio nuevo que no existe.

4.2. Límites del artículo 14

El acceso puede limitarse cuando su conocimiento suponga un perjuicio para:

• seguridad nacional o defensa;
• relaciones exteriores o seguridad pública;
• prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios;
• igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva;
• funciones administrativas de vigilancia, inspección y control;
• intereses económicos y comerciales;
• política económica y monetaria;
• secreto profesional y propiedad intelectual e industrial;
• garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en la toma de decisiones;
• protección del medio ambiente;
• protección de datos personales, conforme a la normativa específica.

Los límites no operan automáticamente. Deben aplicarse de forma justificada, proporcionada y atendiendo al perjuicio concreto y al interés público en la divulgación. Si el límite solo afecta a una parte, procede el acceso parcial previa omisión o disociación de la información protegida, salvo que resulte imposible o el acceso parcial carezca de sentido.

4.3. Protección de datos como límite

La Administración debe ponderar transparencia y privacidad. Los datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública suelen recibir un tratamiento más favorable al acceso; los datos personales especialmente protegidos, de infracciones o de terceros ajenos a la función pública exigen una cautela reforzada, anonimización o denegación parcial.

Para recordar: el límite no protege la comodidad del órgano ni la mera existencia de trabajo pendiente. Protege bienes jurídicos concretos y exige motivación suficiente para que la persona pueda impugnar la decisión.

4.4. Causas de inadmisión del artículo 18

Podrán inadmitirse, mediante resolución motivada, las solicitudes que se refieran a:

1. Información en curso de elaboración o de publicación general.
2. Información auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones o comunicaciones internas, cuando carezcan de relevancia decisoria.
3. Información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
4. Información dirigida a un órgano que no la posee, cuando se desconozca cuál es el competente.
5. Solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas, sin justificación por la finalidad de transparencia.

La inadmisión no es una fórmula para evitar buscar la información. Una extracción o tratamiento informático sencillo no equivale por sí solo a reelaboración; si la Administración conoce al órgano que posee la información, debe remitir la solicitud o indicar al solicitante dónde dirigirla en los términos legales.

5. Ejercicio y procedimiento de acceso

5.1. Solicitud

La solicitud se dirige al titular del órgano que posea la información. Debe incluir identidad, información solicitada, dirección de contacto (preferentemente electrónica) y, en su caso, la modalidad de acceso preferida. No es obligatorio motivarla ni utilizar un formulario especial. Puede presentarse por medios electrónicos o presenciales conforme a las reglas de registro y relación con las Administraciones.

Si la solicitud es imprecisa, se pide concreción en el plazo legal. Si la información afecta a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concede audiencia por quince días para formular alegaciones; ese trámite no decide por sí solo el acceso.

5.2. Resolución y acceso material

La resolución debe notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente. Puede ampliarse por otro mes si el volumen o la complejidad de la información lo justifican y se notifica al solicitante.

La resolución que deniega, concede parcialmente o inadmite debe estar motivada. Si la información ya es pública, puede limitarse a indicar cómo acceder a ella. Cuando un tercero se opuso, el acceso no se materializa hasta que transcurra el plazo para recurrir o quede confirmado judicialmente el derecho de acceso.

5.3. Impugnación

Frente a la resolución expresa o presunta puede formularse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o, en su caso, ante el órgano autonómico independiente competente, con carácter potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa. La reclamación es sustitutiva de los recursos administrativos ordinarios.

Debe presentarse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución expresa o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. El plazo máximo para resolver la reclamación es de tres meses; transcurrido sin resolución, se entiende desestimada. También puede acudirse directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

6. Buen gobierno

Aunque el título oficial destaca publicidad activa y acceso, la propia denominación de la ley exige conocer la idea básica del Título II. Los altos cargos y responsables públicos deben actuar con transparencia, imparcialidad, diligencia, respeto a la legalidad, defensa del interés general, austeridad y adecuada gestión de los recursos públicos; deben evitar conflictos de intereses y abstenerse cuando proceda.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. Las leves se sancionan con amonestación; las graves pueden llevar declaración y publicación del incumplimiento y pérdida de la indemnización por cese; las muy graves incluyen esas consecuencias, la destitución si procede y la imposibilidad de ocupar un alto cargo o asimilado durante cinco a diez años. En entidades locales, la iniciación, instrucción e imposición se acomodan al régimen competencial y disciplinario propio, sin trasladar mecánicamente el esquema estatal.

7. Aplicación práctica en el Ayuntamiento de Burgos

Una persona solicita copia de los contratos menores de un ejercicio y pide además que se identifique qué funcionario “actuó incorrectamente”. La respuesta correcta exige separar:

1. Los contratos y sus datos económicos son información pública; se facilita el acceso, con disociación de datos protegidos cuando proceda.
2. Si ya están publicados, puede indicarse el enlace exacto y la forma de localizarlos.
3. La identificación de una eventual responsabilidad no se resuelve mediante una opinión improvisada: debe comprobarse si existe un informe o documento público que la recoja.
4. Si se solicitan datos personales de terceros, se pondera el artículo 15 y se concede, en su caso, acceso parcial.
5. La resolución debe indicar límites, inadmisión, acceso parcial y vías de reclamación con sus plazos.

8. Errores típicos de test

9. Esquema rápido final